El viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, consideró que la implementación de un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas es una técnica para promover el acceso a la justicia sin ningún tipo de cálculo político.
"Absolutamente no hay ningún cálculo político ni de establecer a priori ningún tipo de responsabilidad, esta responsabilidad se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes", aseguró.
Aseguró que desde el 2011 existe un proceso ante la tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima en el cual más de dos mil personas presentaron sus denuncias por esterilizaciones. "Esta es una labor de carácter técnico, de promoción de acceso a la justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas para evitar que, bajo ningún caso, las personas pueda quedarse sin acceder a la justicia por falta de conocimientos o recursos económicos", aseguró.
El registro, según manifiesta Lechuga, busca identificar el universo de personas afectadas por esta política de Estado y para "generar algún tipo de reparación civil en favor de las víctimas" en la medida que se determinen las responsabilidades.
Si se determina una responsabilidad de parte del Estado, tendrá que asumirse, por ejemplo en el Ministerio de Justicia tenemos a nuestro cargo, todo el sistema de reparaciones que se dieron como consecuencia del periodo de la violencia que enfrentó al país entre los años 1980 y 2000”, dijo.
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