La red Muqui, compuesta por 29 organizaciones ambientales, según señala su director ejecutivo, Javier Hancke, ha realizado un estudio técnico del EIA del proyecto minero Tía María, encontrando inconsistencias y deficiencias que los técnicos del Ministerio de Energía y Minas dejaron pasar y que podrían traer serios daños a la agricultura.
La ingeniera agrónoma Marlene Castillo Fernández dijo que las operaciones a tajo abierto de Tía María y La Tapada, ocasionarían la liberación de sulfuros y otros químicos que, al contacto con el agua, causarían la acidez del recurso que filtraría el suelo. Estos materiales, además, persistirán mucho tiempo después que se efectúe el cierre de la mina.
El documento “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto Tía María”, también señala que el estudio para la planta desalinizadora de agua no cumple con los requisitos mínimos para haber sido aprobado. No se dice, por ejemplo, que efectos causará la devolución al mar de los remanentes, una vez extraída el agua que se usará en las operaciones mineras, ni que zonas afectaría en su recorrido.
De otro lado, Jancke negó cualquier vinculación al grupo de los “Espartambos” u otros que generaron violencia durante el conflicto por Tía María en Cocachacra, tal como señala un informe preliminar la fiscalía que investiga los hechos en el que se le imputa haber financiado las protestas. Dijo que su organismo presta apoyo técnico y no realiza actividad política, menos aún, incentivando la violencia.
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