Después de dos años de litigio, el Juzgado Civil Comercial de Lima descongeló los S/ 4 millones que fueron embargados por la empresa Oncoserv a las cuentas bancarias de unidades ejecutoras del Gobierno Regional.
El pasado 23 de setiembre, el Juzgado determinó que se levante las cuentas del Banco de la Nación (BN) de Lima y en otras entidades financieras, donde están depositadas los dineros de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
El 31 de julio del 2014, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) fue sorprendido con un nuevo embargo de Oncoserv de S/ 4 millones. Antes ya habían ocurrido tres embargos anteriores que comprometían más S/ 7 millones que fueron sustraídas de más de 30 cuentas de diversas ejecutoras del GRA.
Oncoserv era la empresa que prestaba servicios oncológicos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren-Sur). Este sostenía un proceso de arbitraje para disolver el contrato que tenía con la Región. Reclamaba S/ 12 millones 915 mil por un supuesto perjuicio económico.
Cuando se realizó los primeros embargos se afectaron cuentas de institutos y hospitales de la región. Luego, cuando estalló el escándalo y se descubrió que dos de los tres árbitros del tribunal estaban comprados por la red mafiosa de Rodolfo Orellana, las confiscaciones quedaron congeladas en las cuentas del banco.
El saldo pendiente, que son los S/ 4 millones, no pudo ser retirado por el presidente del tribunal arbitral, pero tampoco pudo regresar a las arcas del GRA. Ese monto quedó retenido en varias entidades financieras.
Desde que ocurrieron estos hechos, la Procuraduría Pública Regional realizó gestiones para recuperar el dinero. El argumento era que las siete cuentas a la que ingresaron eran inembargables. Al inicio no tuvieron resultados.
La Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activo, que está investigando el caso de la red Orellana y sus vínculos con Oncoserv, le pidió en mayo pasado copias al Juzgado Comercial sobre el estado de los actuados del caso.
A raíz del pedido, de oficio el Juzgado Comercial resolvió el caso y dispuso el descongelamiento de las cuentas para que las ejecutoras dispongan de los recursos.
Para el procurador regional Jesús Vilca Iquiapaza, el Juzgado Comercial se está enmendando de su actuar, porque en un inicio se negó a levantar las cuentas, cuando existía evidencia de que había una mafia que manejaba el proceso de arbitraje.
"Ni bien ocurrieron los embargos pedimos la nulidad de esos procesos porque se tocaron cuentas que no eran embargables. Pero el tribunal arbitral nunca aceptó los pedidos porque estaban comprados. Después, cuando el caso pasó al Juzgado Comercial, también realizamos gestiones para que las cuentas queden libres. Después de dos años, recién el 23 de septiembre se levantan", indicó el procurador.
La Procuraduría Pública Regional logró recuperar los S/ 4 millones. Sin embargo, está pendiente la recuperación de los más de S/ 7 millones que la mafia de Orellana se repartió junto al dueño de Oncoserv y los dos árbitros del tribunal.
Rescatar ese dinero tomará su tiempo, porque el GRA no es el único afectado por esta mafia. Hay más de 25 acreedores que también buscan recuperar sus dineros que les fueron arrebatados ilegalmente, por esta red que operó en todo el país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario