Bolivia advirtió este martes que podría aplicar medidas coercitivas contra Argentina, entre las que se cuenta el cierre de válvulas, si la mora por la venta de gas se extiende a tres facturas.
"Alrededor de dos facturas son las que nos deben, lo que estaría dentro del período de tolerancia, de acuerdo al contrato. Si entrara en (mora) una tercera más, ahí podemos tomar algunas medidas y actuar mucho más contundentemente", declaró a la prensa el ministro boliviano de Economía, Luis Arce
La autoridad estimó que el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri es consciente de la situación y que está evaluando la situación.
"El hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas, tomar algunas medidas, puede tener un efecto mucho más grave en la economía argentina", advirtió Arce.
El funcionario se excusó de precisar la fecha exacta del vencimiento de la tercera factura, aunque estimó que estaba dentro del período de tolerancia establecido en el contrato.
Se estima que el monto adeudado asciende aproximadamente a 300 millones de dólares.
Sin embargo, el ministro boliviano trató de justificar la causa de la demora de pago argumentando que "seguramente es administrativa, por el cambio de gobierno".
Argentina es el segundo comprador más importante de gas boliviano, después de Brasil, con 14 millones de metros cúbicos diarios y tiene vigente un contrato que podría ampliarse hasta 27 mmcd.
Un día antes de la posesión de Macri, la petrolera boliviana (YPFB) remitió una carta a Energía Argentina (Enarsa) notificando sobre el adeudo.
"Hemos procedido a dar comienzo a la etapa de liquidación de las garantías contractuales por las deudas acumuladas", advertía el documento.
Los ingresos por la venta de gas a Brasil y Aregentina, representan para Bolivia casi la mitad de sus exportaciones.
La relaciones de Bolivia con Argentina se enfriaron luego de la derrota electoral de Cristina Kirchner, aliada del presidente Evo Morales.
Antes de concluir sus funciones diplomática en Bolivia, el ex embajador argentino Ariel Basteiro advirtió que la administración Macri demandaría menores volúmenes de gas, pues buscaba la opción de proveedores más baratos.
Ante esa posibilidad, el presidente boliviano Evo Morales exigió el cumplimiento de los contratos pactados en 2006.
Basteiro reveló además que los precios pactados entre Argentina y Bolivia por los presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales tenían un componente político para favorecer al gobierno boliviano.
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