- Alejandra García
- Reportera de la Unidad de Investigación
El informe de ingresos económicos del 2014 que el partido liderado por César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso (APP), entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contiene información que requiere ser examinada.
El Comercio analizó el nutrido padrón de donantes de APP, que consta de información incompleta y desactualizada, y consiguió comunicarse con 25 trabajadores de las sedes de Chiclayo, Trujillo y Chimbote de las universidades César Vallejo (UCV) y Señor de Sipán (USS), de propiedad del candidato presidencial.
Este Diario los ubicó en sus domicilios y centros de trabajo, y los llamó por teléfono. De esa muestra, 14 empleados niegan haber efectuado desembolsos mensuales de dinero para el partido.
Dos trabajadores dudaron ante las preguntas de El Comercio, y siete se negaron a responder. Otros dos admitieron haber realizado entregas de dinero, pero no brindaron mayores detalles que permitieran esclarecer la existencia de los aportes.
Sorpresa
“Soy docente de la universidad, pero no estoy inscrito ni tengo vinculación [con el partido], me dedico exclusivamente a la docencia”, señala en su domicilio de Trujillo el abogado Rafael Aldave Herrera, profesor de la Facultad de Derecho de la UCV.
“Soy docente de la universidad, pero no estoy inscrito ni tengo vinculación [con el partido], me dedico exclusivamente a la docencia”, señala en su domicilio de Trujillo el abogado Rafael Aldave Herrera, profesor de la Facultad de Derecho de la UCV.
El partido de César Acuña le dijo a la ONPE que este catedrático hizo nueve aportes mensuales de S/.500 en el 2014. En total, S/.4.500 que el profesor Aldave niega haber entregado ante la cámara y la grabadora de este Diario.
Lo mismo ocurre con Luis Vives Garnique, ex docente de la USS de Chiclayo, hoy profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima. Supuestamente aportó S/.4.000, pero él lo niega. “Voy a tener que preguntar a la universidad por qué aparece esto”, expresa.
La doctora Susy Aguilar Castillo es decana de Humanidades de la USS. “Somos militantes, sí, ¿pero aporte mensual? No”, dice. APP reportó diez contribuciones mensuales de S/.800 a su nombre, es decir, S/.8.000 en total, que la decana niega.
El jefe de Unidades Móviles de la UCV-Sede Chimbote, Waldier Rafael Torres, figura como aportante de APP por S/.6.300, en nueve entregas mensuales de S/.700. “Yo no tengo nada que ver con ello, no he hecho ninguna donación”, dice sorprendido.
El profesor de Contabilidad de la UCV-Sede Trujillo, Jaime Mendiburu Rojas, aparece con una contribución de ocho cuotas mensuales de S/.400, un total de S/.3.200. “Ni milito en el partido ni aporto dinero”, le responde a El Comercio.
Myriam Roncal Zavaleta, directora de Seguimiento de Graduados y Bolsa de Trabajo durante el 2014, sí es una militante activa de APP. Tras la elección de Acuña como presidente regional de La Libertad, fue nombrada funcionaria del proyecto Chavimochic. Pero vía telefónica manifiesta desconocer las nueve entregas de dinero que, por un total de S/.5.900, se hicieron a su nombre.
Julio Reyes Escudero, empleado del área de Promoción de la UCV, señala: “Nunca me he metido a ese nivel [de aportar dinero]. No gano mucho. Ningún trabajador aporta dinero”.
Menos es más
En el 2011, la ONPE sancionó a APP por recibir un aporte privado que excedió el límite legal para el financiamiento de partidos que es de S/.216.000 (60 unidades impositivas tributarias de la época). El dinero provino, precisamente, de la UCV, que donó S/.442.744.
En el 2011, la ONPE sancionó a APP por recibir un aporte privado que excedió el límite legal para el financiamiento de partidos que es de S/.216.000 (60 unidades impositivas tributarias de la época). El dinero provino, precisamente, de la UCV, que donó S/.442.744.
La ONPE impuso al partido una multa de S/.2,2 millones, que hasta hoy se mantiene impaga.
Hemos presentado los resultados de una muestra de apenas 14 trabajadores, que en total suman S/.66.400 en aportes. Nada descarta que la cifra sea aún mayor, teniendo en cuenta que el padrón reportado a la autoridad electoral no es completo.
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