Pese a que el pueblo del Cusco rechazó con un paro contundente de 48 horas el Decreto Legislativo 1198, que autoriza a empresas públicas y privadas administrar hasta por un periodo de diez años el patrimonio cultural del país; el Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso para derogar dicha norma.
El pasado 22 de octubre, con 57 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, elpleno del Parlamento aprobó el texto sustitutorio del referido proyecto de Ley que pretendía concesionar los sitios arqueológicos, con excepción de los monumentos arqueológicos considerados como patrimonio mundial, como la Ciudadela Inca de Machupicchu.
El congresista Manuel Dammert, integrante de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, confirmó que el Ejecutivo observó la derogación de la norma.
El objetivo es que en los próximos días, la propuesta sea analizada nuevamente en la comisión de Cultura y debatida por los legisladores en una sesión del pleno.
“El Poder Ejecutivo ha observado la ley que aprobó el Congreso de la República derogando la privatización del patrimonio cultural y está planteando insistir en su proyecto privatista y que afecta al patrimonio de todos los peruanos”, aseveró el legislador.
En ese sentido, el Gobierno mantiene su postura inicial de que el Ministerio de Cultura pueda suscribir convenios de gestión cultural con entidades públicas o privadas para la administración de los bienes culturales del país.
El Ejecutivo sostiene que el Decreto Legislativo 1198, no privatiza y mucho menos entrega el patrimonio arqueológico a privados. Aseguró que tampoco modifica la propiedad exclusiva estatal y la condición intangible, inalienable e imprescriptible de los bienes culturales.
Sin embargo, para Dammert lo que ha hecho el Ejecutivo es simplemente cambiar algunos "términos", pero en esencia sigue siendo la misma norma que pretende privatizar los sitios arqueológicos del país.
“El Ejecutivo reitera los mismos argumentos con los cuales insistió y que fueron rechazados por la mayoría del pleno e insiste en que se puede descuartizar y destrozar las zonas arqueológicas para fines de lucros sin respetar los planes maestros de cada una de estas zonas”, puntualizó.
Rechazo General
La insistencia del Gobierno, encabezado por el mandatario Ollanta Humala Tasso, generó el rechazo de las organizaciones sociales del Cusco.
Los gremios otorgaron un plazo que venció ayer, lunes 16 de noviembre, para que Humala firme la derogación aprobada por amplia mayoría de votos en el Congreso.
Los integrantes de la Asamblea Popular, en las próximas horas, sostendrán una reunión de emergencia para dar una respuesta al Ejecutivo.
El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, calificó la decisión como un acto de provocación al pueblo del Cusco. “Era de esperarse la respuesta que iba a dar el presidente Ollanta Humala. Como lo advertimos, el gobierno de turno vive a espaldas de la población y esta decisión adoptada es un acto de provocación”.
El dirigente de la FDTC dijo que se planteará retomar las medidas de protesta y acatar una huelga indefinida hasta que se deje sin efecto la norma.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario