Filmaron al juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz Marcelo Barrientos cuando pedía 15.000 dólares a la madre de un imputado por abuso deshonesto. El dinero debía ayudar al acusado a obtener una pena reducida a través de un juicio abreviado.
Para entrar a la oficina del juez una mujer revisa a la madre del acusado. Le pide su celular y lo apaga y se cerciora que no tenga ningún equipo electrónico para grabar audio o video. El juez, aún más cuidadoso, nuevamente le pide que le muestre sus objetos personales para confirmar que no tenga nada para grabar. Sin embargo, no se da cuenta que el equipo de filmación se encuentra en la cabeza, cerca de los ojos de la mujer, y sin saber que estaba delante de una cámara le dice "el fiscal ha pedido 15.000 dólares. Así que tienes que traer el dinero”. La madre, entre sollozos y llantos le asegura que no tiene el dinero, así que comienza a regatear. Tras una larga charla el juez concluye que "ya lo dejaremos en 3.000 dólares, tienes que conseguir ese dinero”.Lo único que la mujer quiere es que, según las normas, su hijo sea sometido a un juicio abreviado tras aceptar su culpa. Sin embargo, el juez le advierte que si no traía el dinero se aplicaría "una medida más grave”.
Las imágenes fueron presentadas a todos los medios de comunicación y la viceministra de Transparencia, Jéssica Saravia, dijo que hay otras personas implicadas. "No sólo se habla de una persona, en este tribunal (Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz) quienes deciden y toman decisiones son el tribunal en su conjunto, porque son tres jueces (quienes trabajan ahí)”, afirmó.
El Ministerio de Transparencia remitió los antecedentes de este hecho al Ministerio Público para que se realice una acción contra los servidores judiciales. Además, el caso será derivado al sistema disciplinario de orden judicial.
"Este es un tema de extorsión y corrupción. Lo que están pretendiendo estos jueces es beneficiarse (...) quieren hacer injusticia al pedir dinero porque ellos no podrían cambiar el delito penal”, explicó Saravia.
Por este motivo, la autoridad considera que habría presencia de consorcios entre jueces y fiscales que realizan este tipo de extorsiones y corrupción en pasillos del Tribunal Departamental de Justicia.
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