El informe final de la comisión investigadora sobre la influencia del narcotráfico en la política alude a casos de presunta infiltración en el Partido Aprista Peruano y en Fuerza Popular, de acuerdo con una copia del documento al que tuvo acceso La República.
Entre los casos que más resaltan en el reporte de la llamada Comisión de Narcopolítica se menciona a Luis Calle Quirós, aportante de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un "cabecilla" del narcotráfico internacional(Drug Kingpin) en 2013.
Y también se mencionan las relaciones del Apra con Gerald Oropeza López, cuyo padre fue dirigente aprista en San Juan de Lurigancho y su madre candidata alCongreso por el mismo partido, en 2011.
En el informe de la Comisión de Narcopolítica se indica que Luis Calle Quirósaportó 46 mil soles a la campaña de Keiko Fujimori, igual que su hermanoJuan Calle Quirós, un empresario que formó parte del equipo de la candidata de Fuerza Popular.
Preguntado Juan Calle Quirós cómo es que llegó a formar parte del entorno deKeiko Fujimori en dicha ocasión, respondió que por intermedio del ex ministro del gobierno aprista Rafael Rey Rey.
Juan Calle reconoció que su hermano Luis Calle se encuentra en la "lista negra" de los Estados Unidos y que cuando efectuó el aporte a Fuerza Popular se encontraba en Lima.
De acuerdo con el informe de la comisión investigadora, después de los escándalos de corrupción y narcotráfico durante el gobierno de Alberto Fujimori yVladimiro Montesinos, los herederos del fujimorismo enfrentaron episodios similares.
Línea blanca
"El fujimorismo posterior al año 2000, materializado en Fuerza 2011, convertido ahora en Fuerza Popular (...) intenta la reconstitución de un nuevo liderazgo en el país; sin embargo, ha tenido que enfrentar denuncias vinculadas con presuntos aportes al financiamiento partidario procedente del narcotráfico", precisa el reporte investigativo de la comisión que preside la legisladora Rosa Mavila León.
Respecto al Partido Aprista Peruano, la Comisión de Narcopolítica hizo unrecuento de los hechos que salpicaron a la agrupación en su historia, como el caso del empresario Carlos Langberg Meléndez y el más reciente asunto de los "Narcoindultos" que toca al ex presidente Alan García, pero profundiza especialmente en los hechos que protagoniza el ex militante aprista Gerald Oropeza López.
"(Oropeza) representa el caso paradigmático de la nueva generación de empresarios de la droga y sus formas peculiares de acercamiento a la política nacional para obtener beneficios económicos diversos",- se explica en el informe.
"En tal sentido, no se trataría de un individuo puntual, periférico, al Partido Aprista Peruano, sino más bien de la generación de un líder de una compleja red derelaciones políticas que facilitarían la implementación de diversas empresas de limpieza y servicios complementarios que trabajaban en instituciones estratégicas del Estado", se indica en alusión de Sergero, la compañía de Oropeza cuyos contratos crecieron considerablemente durante el segundo gobierno aprista.
"Esta supuesta mafia liderada por Gerald Oropeza habría tenido un esquema derelaciones peligrosas en instituciones públicas, que van más allá del servicio prestado, como en el caso del Ministerio Público, donde resalta la inacción del entonces gerente general, Fernando Lazo Manrique (...), facilitando la sucesiva contratación de Sergero (...)", apunta el informe.
Un aspecto que subraya el reporte de la comisión investigadora es la coincidencia de que el ex gerente general era aprista como aprista es la familia Oropeza, propietaria de Sergero.
"La comisión advirtió la sutil negación de Lazo Manrique sobre su militancia en el Apra al ser interrogado (...) pues si bien reconoció que en 1992 fue apoderado delex presidente García –lo que revela el nivel de confianza del ex mandatario con su persona–, señaló más bien que la relación con la agrupación política aprista era amical y no institucional. (Esto) sería contradicho por el fiscal supremo (José) Peláez Bardales, quien afirmó que (el ex gerente Lazo) militaba en el Apra, señalando incluso que la fiscal suprema Gladys Echaíz le habría exigido la desafiliación para volver a contratarlo como gerente general del Ministerio Público", resalta el informe de la Comisión de Narcopolítica.
Para el grupo parlamentario que investigó el caso, no existe duda de que Gerald Oropeza aprovechó la cobertura de sus vinculaciones apristas –en referencia a la antigua militancia de sus padres– para relacionarse con algunas figuras. Recuérdese que Miguel Facundo Chinguel actuó como abogado de la empresa Sergero.
"Lo especial del caso Oropeza es que se repite el patrón que ha venido estudiando la comisión investigadora para otros casos de relación del narcotráfico con la política peruana: la existencia de dos canales paralelos de actividades económicas y empresariales. Uno totalmente lícito, usualmente aprovechando relaciones con el Estados y sus instituciones, y otro, el de los negocios sucios relacionados a la microcomercialización y a la exportación de droga, en donde se mezclan diversos hechos de sangre (el sicariato). El presente caso (Oropeza) junta estos canales paratraficar, lavar y obtener (diversos grados) de impunidad", concluye el informeque será debatido en el pleno del Congreso. Será una discusión clave.
Congresistas no fueron investigados
El congresista fujimorista Julio Gagó Pérez, uno de los representantes de Fuerza Popular en la Comisión de Narcoindultos, justificó que los legisladores no hayan sido objeto de indagación. Gagó afirmó que no lo hicieron porque "no hay investigaciones abiertas".
Cuatro congresistas fujimoristas, el secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y sus colegas Karina Beteta Rubín, José Pariona Galindo y María López Córdova, tienen pendientes investigaciones en el Ministerio Público por presunto lavado de activos. La última es procesada por el mismo delito en el Poder Judicial.
Según Julio Gagó, "en el informe no se consigna ningún tipo de infiltración en los partidos políticos. Todo está vinculado a los movimientos regionales, considerando que son presunciones porque aún está en investigación".
LA REPÚBLICA.
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