En Bolivia, más de 200 personas están procesadas y varias detenidas en el caso de presunta corrupción en el ya extinto Fondo Indígena, uno de los más destacados durante el gobierno del presidente Evo Morales.

Entre ellos, hay directivos de la entidad, dirigentes sindicales, exautoridades del poder ejecutivo y senadores del partido oficial.

El gobierno está en una situación muy incómoda ya que los detenidos fueron colaboradores del presidente Morales desde las primeras etapas de la formación de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Las autoridades dicen que el arresto es una muestra de su intolerancia ante la corrupción.

La Fiscalía General del Estado boliviano investiga el destino de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena, que financiaba hasta este año acciones de desarrollo en zonas campesinas. Las autoridades dicen que esos recursos fueron transferidos a cuentas de particulares y además investigan el destino de otros 14 millones de dólares.

Las acusaciones corresponden a su presunta relación en proyectos que jamás fueron ejecutados y obras inconclusas.

Entre los detenidos está Julia Ramos, exministra de Justicia y de Desarrollo Rural. Su abogado asegura que es inocente.

También están detenidos Remy Vera y Melva Hurtado, dirigentes sindicales afines al MAS. El exdirigente de ese partido Damián Condori guarda detención en una cárcel de La Paz.

También imputados por la Fiscalía están los senadores oficialistas Jorge Choque, con detención domiciliaria, y Felipa Merino, que fue aprehendida pero quedó en libertad.

Por su parte el Gobierno, asegura que no protegerá ni encubrirá a nadie.

La diputada de Unidad Democrática Jimena Costa dijo en entrevista con Gabriela Frías que "el Fondo Indígena ha sido instrumentalizado" con fines políticos.

A su vez, el diputado Tomás Monasterio señaló a Camilo Egaña que este caso "demuestra que la corrupción se ha institucionalizado en el Gobierno".

"No hay una voluntad real y responsable de castigar a los responsables de la corrupción", sentenció Monasterio.

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción asegura que las transferencias bancarias a cuentas particulares fue producto de una mala gestión en el Fondo Indígena, creado en 2005 para financiar acciones de desarrollo en zonas campesinas y fue liquidado por el Gobierno recientemente cuando saltó el escándalo.

Según el Ministerio de Transparencia, hasta el momento fueron recuperados alrededor de 2,5 millones de dólares de los proyectos no ejecutados y observados.

Una comisión especial de fiscales investiga la trama.

El caso del Fondo Indígena, una partida presupuestaria supuestamente destinada a financiar proyectos a favor de organizaciones sindicales y campesinas, se ha convertido en el caso de corrupción más grande desde que el ahora presidente Evo Morales tomó posesión en el 2006, sacudiendo por completo el partido oficialista MAS.

Con información de Gloria Carrasco